02/03/2013
El año 2012 fue trascendente en el camino de la solución a la crisis del sistema bancario español. En dicho ejercicio se profundizó en la restructuración realizada en ejercicios precedentes. Se sanearon las entidades más afectadas por la crisis y se recapitalizó una parte importante del sistema crediticio. Con dicho fin se pidió un rescate a la Comisión Europea, que abrió para ello una línea de financiación de hasta 100.000 millones de euros, tras la firma de un Memorándum de Entendimiento con el gobierno español en julio de 2012. A fines de año se habían utilizado unos 42.000 millones..
Se considera que en el caso español la salida a la crisis del sistema bancario ha resultado un tanto tortuosa.
La tardanza en reaccionar, el condicionamiento de las ayudas a la concentración bancaria, la transformación obligada de las cajas fusionadas en bancos, el retraso en resolver la cuestión de la escasez de capital de las entidades, la falta de condicionalidad en las ayudas concedidas a los bancos, el olvido de los deudores, además de la complicación que supuso una supervisión bancaria compartida entre el Banco de España y las comunidades autónomas, han sido algunos de los factores que han condicionado el proceso seguido entre ente 2008 y 2012 (Antón Costas, “¿Para quién las cajas nacionalizadas?”, El Periódico 12.1.2013, y Joaquín Muns, “Una crisis exacerbada por los errores” , La Vanguardia, 20.1.2013).
Junto a los impactos más directos de la crisis económica, evidenciados en la caída de la actividad productiva y en la destrucción intensa de empleos, el sistema financiero ha enviado abundantes señales negativas a los ciudadanos. La restricción crediticia, el aumento de la morosidad y de los desahucios ligados a los préstamos hipotecarios, la fuerte reducción de las plantillas de los bancos (55.000 fue el numero de reducciones de empleos en 2012), la cuestión de las cuotas preferentes, vendidas como imposiciones a plazo fijo cuando eran una participación en el capital de los bancos sin apenas derechos para el ahorrador, la extinción de la obra social de las cajas de ahorros, han sido algunos de los hitos bancarios que han afectado negativamente a los ciudadanos.
En el sistema bancario que echa a andar en 2013, con el banco malo, Sareb, buscando una estrategia, tras las abruptas medidas de 2012 para aproximar al valor de mercado los activos ligados al negocio inmobiliario, destaca en primer lugar la sensible concentración registrada. En 2009 había 50 entidades de crédito que suponían la mayor parte de los activos bancarios, de las que siete eran bancos y 43 eran cajas de ahorros. Después de cuatro años de fusiones, ajustes, intervenciones de cajas y de actuaciones del FROB, en 2012 son catorce las entidades que controlan el 90% de dichos activos. Cinco entidades proceden de bancos (Santander, BBVA, Sabadell, Popular y Bankinter), que controlan el 47% de los activos bancarios nacionales, Las nueve restantes, que concentran el 43%, tienen su origen en cajas de ahorros fusionadas o que han sido absorbidas por otras de mayor dimensión, entre las que Caixabank es la de mayor tamaño.
En segundo lugar, las cajas de ahorros como entidades de crédito han desaparecido prácticamente del panorama bancario español, que ha perdido así diversidad en la tipología de dichas entidades. Esto difiere de lo sucedido en Alemania, donde las cajas de ahorros siguen manteniendo una fuerte presencia en el negocio bancario. El que sobrevivan cajas de ahorros que han resistido la crisis y que han mantenido una solvencia razonable (Caixa, Kutxa, Ibercaja, Onteniente, Pollensa) implica que el modelo no era necesariamente ineficiente.
Ha sido la conexión entre el poder político territorial, gerentes de las cajas problemáticas y los intereses privados más especulativos, los responsables de los problemas de excesiva concentración de riesgo inmobiliario, junto a una alimentación financiera apoyada en gran parte en recursos captados en los mercados mayoristas. La citada desaparición de las cajas de ahorros, que nacieron en España en el siglo XIX para luchar contra la exclusión bancaria y la intensa concentración que, favorecida desde el gobierno, está teniendo lugar en el sistema bancario, no dejan de resultar preocupantes.
2013 ha empezado con algunos hechos positivos, como son la colocación de bonos en los mercados por parte de los bancos mayores y la fuerte mejoría de las cotizaciones bursátiles de las acciones bancarias. Sin embargo, el aumento de la morosidad (se ha pasado desde una tasa de morosidad del 7,5% en noviembre de 2011 al 11,4% en noviembre de 2012), la evidencia de que la restricción crediticia sigue afectando seriamente a las empresas españolas, en especial a las Pymes, y la necesidad de mejorar la situación de los hogares afectados por los desahucios de la vivienda habitual, son problemas que afectan a la evolución futura de las entidades de crédito. .
Algunas cajas de ahorros saneadas con recursos públicos deben de volver a su territorio de origen, siguiendo las pautas de actuación fijadas por la Comisión Europea a los bancos saneados hasta ahora controlados por las cajas de ahorros. El papel del ICO en el sistema crediticio español se debe de reforzar y de clarificar, de forma que su tarea de agencia financiera del gobierno resulte fortalecida. Debe de aumentar la transparencia sobre sus operaciones activas y pasivas. El ICO tiene que conseguir financiación mediante la apelación a los mercados de capitales y por medio de las recuperaciones procedentes de su cartera de préstamos vivos.
La banca que viene trabajará, pues, en un contexto más regulado, supervisada desde 2014 por el Mecanismo Único de Supervisión dependiente del BCE. Deberá eliminar todas las reservas sobre los activos tóxicos inmobiliarios que queden en sus balances. El resto del sistema bancario, sobre todo cooperativas de crédito, tiene por delante la tarea de animar la competencia interna dentro del sistema crediticio, llegando a rincones del territorio en el que nunca estará la banca privada. Por último, en 2013 resulta imperioso conseguir una recuperación del crédito bancario para que la economía real empiece a “tirar” de una vez.
El año 2012 fue trascendente en el camino de la solución a la crisis del sistema bancario español. En dicho ejercicio se profundizó en la restructuración realizada en ejercicios precedentes. Se sanearon las entidades más afectadas por la crisis y se recapitalizó una parte importante del sistema crediticio. Con dicho fin se pidió un rescate a la Comisión Europea, que abrió para ello una línea de financiación de hasta 100.000 millones de euros, tras la firma de un Memorándum de Entendimiento con el gobierno español en julio de 2012. A fines de año se habían utilizado unos 42.000 millones..
Se considera que en el caso español la salida a la crisis del sistema bancario ha resultado un tanto tortuosa.
La tardanza en reaccionar, el condicionamiento de las ayudas a la concentración bancaria, la transformación obligada de las cajas fusionadas en bancos, el retraso en resolver la cuestión de la escasez de capital de las entidades, la falta de condicionalidad en las ayudas concedidas a los bancos, el olvido de los deudores, además de la complicación que supuso una supervisión bancaria compartida entre el Banco de España y las comunidades autónomas, han sido algunos de los factores que han condicionado el proceso seguido entre ente 2008 y 2012 (Antón Costas, “¿Para quién las cajas nacionalizadas?”, El Periódico 12.1.2013, y Joaquín Muns, “Una crisis exacerbada por los errores” , La Vanguardia, 20.1.2013).
Junto a los impactos más directos de la crisis económica, evidenciados en la caída de la actividad productiva y en la destrucción intensa de empleos, el sistema financiero ha enviado abundantes señales negativas a los ciudadanos. La restricción crediticia, el aumento de la morosidad y de los desahucios ligados a los préstamos hipotecarios, la fuerte reducción de las plantillas de los bancos (55.000 fue el numero de reducciones de empleos en 2012), la cuestión de las cuotas preferentes, vendidas como imposiciones a plazo fijo cuando eran una participación en el capital de los bancos sin apenas derechos para el ahorrador, la extinción de la obra social de las cajas de ahorros, han sido algunos de los hitos bancarios que han afectado negativamente a los ciudadanos.
En el sistema bancario que echa a andar en 2013, con el banco malo, Sareb, buscando una estrategia, tras las abruptas medidas de 2012 para aproximar al valor de mercado los activos ligados al negocio inmobiliario, destaca en primer lugar la sensible concentración registrada. En 2009 había 50 entidades de crédito que suponían la mayor parte de los activos bancarios, de las que siete eran bancos y 43 eran cajas de ahorros. Después de cuatro años de fusiones, ajustes, intervenciones de cajas y de actuaciones del FROB, en 2012 son catorce las entidades que controlan el 90% de dichos activos. Cinco entidades proceden de bancos (Santander, BBVA, Sabadell, Popular y Bankinter), que controlan el 47% de los activos bancarios nacionales, Las nueve restantes, que concentran el 43%, tienen su origen en cajas de ahorros fusionadas o que han sido absorbidas por otras de mayor dimensión, entre las que Caixabank es la de mayor tamaño.
En segundo lugar, las cajas de ahorros como entidades de crédito han desaparecido prácticamente del panorama bancario español, que ha perdido así diversidad en la tipología de dichas entidades. Esto difiere de lo sucedido en Alemania, donde las cajas de ahorros siguen manteniendo una fuerte presencia en el negocio bancario. El que sobrevivan cajas de ahorros que han resistido la crisis y que han mantenido una solvencia razonable (Caixa, Kutxa, Ibercaja, Onteniente, Pollensa) implica que el modelo no era necesariamente ineficiente.
Ha sido la conexión entre el poder político territorial, gerentes de las cajas problemáticas y los intereses privados más especulativos, los responsables de los problemas de excesiva concentración de riesgo inmobiliario, junto a una alimentación financiera apoyada en gran parte en recursos captados en los mercados mayoristas. La citada desaparición de las cajas de ahorros, que nacieron en España en el siglo XIX para luchar contra la exclusión bancaria y la intensa concentración que, favorecida desde el gobierno, está teniendo lugar en el sistema bancario, no dejan de resultar preocupantes.
2013 ha empezado con algunos hechos positivos, como son la colocación de bonos en los mercados por parte de los bancos mayores y la fuerte mejoría de las cotizaciones bursátiles de las acciones bancarias. Sin embargo, el aumento de la morosidad (se ha pasado desde una tasa de morosidad del 7,5% en noviembre de 2011 al 11,4% en noviembre de 2012), la evidencia de que la restricción crediticia sigue afectando seriamente a las empresas españolas, en especial a las Pymes, y la necesidad de mejorar la situación de los hogares afectados por los desahucios de la vivienda habitual, son problemas que afectan a la evolución futura de las entidades de crédito. .
Algunas cajas de ahorros saneadas con recursos públicos deben de volver a su territorio de origen, siguiendo las pautas de actuación fijadas por la Comisión Europea a los bancos saneados hasta ahora controlados por las cajas de ahorros. El papel del ICO en el sistema crediticio español se debe de reforzar y de clarificar, de forma que su tarea de agencia financiera del gobierno resulte fortalecida. Debe de aumentar la transparencia sobre sus operaciones activas y pasivas. El ICO tiene que conseguir financiación mediante la apelación a los mercados de capitales y por medio de las recuperaciones procedentes de su cartera de préstamos vivos.
La banca que viene trabajará, pues, en un contexto más regulado, supervisada desde 2014 por el Mecanismo Único de Supervisión dependiente del BCE. Deberá eliminar todas las reservas sobre los activos tóxicos inmobiliarios que queden en sus balances. El resto del sistema bancario, sobre todo cooperativas de crédito, tiene por delante la tarea de animar la competencia interna dentro del sistema crediticio, llegando a rincones del territorio en el que nunca estará la banca privada. Por último, en 2013 resulta imperioso conseguir una recuperación del crédito bancario para que la economía real empiece a “tirar” de una vez.
