"The great Spanish crash" BBC 2012 subtitulado

En el reportaje de la BBC titulado "The great Spanish crash" se recoge la dura situación que muchas familias españolas están viviendo actualmente, así como el proceso que ha llevado a España a esta situación, desde el franquismo hasta la pasada huelga general.

La memoria, estructura y funcionamiento: Memoria explícita

La memoria explícita o declarativa (por contraposición a la memoria implícita o procedimental) es la que llamamos normalmente memoria. Tiene que ver con lugares, personas y objetos (semántica) y con hechos (episódica). Su invocación es consciente y es fácil de describir con palabras. Es más compleja que la memoria implícita y se da en animales superiores.

H.M.

El conocimiento de la memoria explícita se debe en buena medida al caso del paciente H.M. (Henry Gustav Molaison cuyo auténtico nombre solo fue conocido tras su muerte en 2009) del que se dice que es el paciente mejor estudiado de la historia. Brenda Milner lo trató durante años y su estudio ha sentado las bases para comprender los mecanismos de la memoria explícita.

H.M sufrió una caída mientras montaba en bicicleta a causa de la cual empezó a tener frecuentes ataques epilépticos que llegaron a un punto en el que no le permitían llevar una vida normal. Los médicos decidieron operarle y extirpar la zona del cerebro que le producían los ataques. La operación fue un éxito en lo relativo a la epilepsia, pero fatal en lo relativo a su memoria. La zona extirpada era el hipocampo y los resultados fueron:

• Mantenía un buen recuerdo del pasado anterior a la operación.
• Mantenía una buena memoria implícita. Es decir, aprendía nuevas destrezas.
• Fue incapaz de generar nuevos recuerdos. Durante años visitó a Brenda Milner y cada día la saluda como si fuera la primera vez que se veían.

Estructura de la memoria explícita

El estudio del caso H.M. ofreció una idea clara de la estructura de la memoria explícita. En ella intervienen tres áreas:

• La corteza prefrontal. En ella reside la memoria de trabajo (working memory). Es donde manipulamos la información que proviene de los sentidos y de la memoria a largo plazo. Tiene que ver con la conciencia, se actualiza constantemente y admite pocos elementos simultáneos.
• El hipocampo (la zona extirpada en H.M.). Permite el paso de la memoria a corto plazo a memoria a largo plazo.
• Las áreas sensitivas y de asociación de la corteza. En ellas se almacenan los recuerdos a largo plazo.

Por lo tanto, no existe un almacén único de la memoria en el cerebro. Está distribuida por el córtex. Las mismas áreas que se emplean para percibir un objeto se usan para recordarlo. Para cada cosa que recordamos hay múltiples representaciones, una por cada modalidad sensorial. De una manzana recordamos (y almacenamos en un área distinta) el olor, el color, la forma, la textura, el sonido que hace al morderla, las situaciones que hemos vivido con manzanas... y finalmente la palabra manzana. Cada una de ellas es capaz de evocar al resto y traer el concepto manzana a la memoria de trabajo para permitirnos ser conscientes de la manzana. Si modificamos algunos de los aspectos o añadimos algún otro, el hipocampo ordena a las áreas involucradas su modificación.

En la memoria hay 4 procesos:

• Codificación (vivir nuevas experiencias, prestarles atención y relacionarlas con otras experiencias)
• Consolidación (paso de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo)
• Almacenamiento (mantenimiento de la información almacenada)
• Recuperación (recuerdo de la información almacenada).

La memoria tiene fases. En un principio la información es lábil y es fácil que se pierda. Con el tiempo y el uso se va consolidando. Esto se manifiesta en el caso de la amnesia retrógrada en la que un golpe hace que perdamos memoria hacia atrás desde el momento del golpe y que la recuperemos al revés. Pero por otra parte, los recuerdos más antiguos se van olvidando.

Potenciación a largo plazo LTP

¿Existe algún correlato biológico entre los mecanismos moleculares de la memoria implícita y la memoria explícita? Desde luego la memoria explícita en mamíferos es mucho más compleja que la implícita estudiada en invertebrados. La potenciación a largo plazo viene a responder parcialmente a la búsqueda de los mecanismos biológicos de la memoria explícita.

Sabemos que en la memoria explícita interviene el hipocampo. En 1973 Terje Lømo y Tim Bliss descubrieron que una ráfaga de impulsos en algunas de las células del hipocampo provocaba un reforzamiento de las conexiones sinápticas que duraba desde varias horas hasta más de un día. Llamaron a este fenómeno potenciación a largo plazo y es similar a la facilitación sináptica en la memoria implícita. Posteriores estudios demostraron que tiene una fase precoz (memoria a corto plazo) y una fase tardía (memoria a largo plazo). Al igual que en la memoria implícita, la frase precoz no necesita la síntesis de nuevas proteínas y como en la memoria implícita, la fase tardía implica a los genes y la síntesis de nuevas proteínas.

Parece pues que aunque la memoria implícita y la explícita involucran distintos circuitos neurales, comparten semejantes mecanismos moleculares. La memoria a corto plazo modifica proteínas existentes y la memoria a largo plazo recluta a los genes para generar nuevas proteínas y producir cambios persistentes en la estructura neural.

Visto en sinapsis-aom.blogspot.com.es

El Gobierno del PP convierte la Justicia en un mercado

Comunicado de ATTAC España

Hasta ahora los problemas de la Justicia no han interesado a la mayoría de los ciudadanos, quizá porque muchos no han sido usuarios de la justicia y creen que nunca van a serlo. Sin embargo en una sociedad compleja y conflictiva como la nuestra cualquiera de nosotros podría tener que recurrir a ella. Una Justicia independiente y eficaz es la mayor garantía que tenemos para la defensa de nuestros derechos y también frente a la arbitrariedad del poder.

Esta falta de implicación ciudadana es lo que está permitiendo al Ministro Alberto Ruiz-Gallardón y al gobierno del PP convertir la Justicia en un mercado, un negocio más que transferir al ámbito de lo privado, sin protestas visibles a excepción de las procedentes de operadores jurídicos.

Bajo las engañosas excusas habituales del liberalismo neocons (eficacia, necesidad de desatascar los juzgados) estamos asistiendo al desmantelamiento del servicio público que es la Administración de Justicia, hasta ahora universal y gratuito para los ciudadanos.

El ataque más brutal al derecho de los ciudadanos de acceder a los tribunales se ha producido con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se instaura un régimen generalizado de tasas por el acceso a los tribunales de los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, del cual sólo se exceptúa a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita. Con la matización de que el Gobierno también se propone reformar la ley reguladora de la justicia gratuita y restringir su ámbito: el anteproyecto suprime el derecho a la justicia gratuita en el orden social de todos los trabajadores con independencia de sus ingresos, sustituye el módulo del salario mínimo interprofesional por el IPREM y obliga a pagar el 20% de las tasas judiciales en los recursos, entre otras cosas. A ello se unen los cada vez más restrictivos criterios de concesión que día a día observamos en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. O sea, cada vez menos ciudadanos se benefician de este derecho.

Con la excusa de que la Justicia está saturada (dejaría de estarlo si tuviéramos un número de jueces por cien mil habitantes equiparable a la media de la Unión Europea) y de que hay que disuadir a los ciudadanos de utilizarla, se estructura un sistema que crea una justicia dicotómica, una justicia para ricos que pueden pagarla y una justicia para ciudadanos carentes de recursos. Y con la cuantía desproporcionada de las tasas, los ciudadanos carentes de recursos van a ser también los de las clases medias.

Pero no es el único ataque. A lo largo de este año 2012 no han cesado las propuestas mercantilizadoras de la Justicia. Si en febrero el Ministro anunciaba la asignación de los divorcios de mutuo acuerdo a los notarios, en junio asistimos al lanzamiento del llamado “Plan Intensivo de Tramitación” de expedientes de nacionalidad por residencia, por el cual el Ministerio de Justicia firmó un convenio de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para que sean los registradores quienes se encarguen de la tramitación de dichos expedientes.

Esto resultó ser sólo un avance de lo que el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que unifica los Registros Civil, Mercantil, de la Propiedad, de Bienes Muebles, de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, de Fundaciones de ámbito estatal y el Registro de Actos de Última Voluntad, prevé de modo generalizado, esto es, que la llevanza de todos ellos la tengan los registradores de la propiedad y mercantiles, bajo parámetros de rendimiento económico (sufragarán los costes de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de aranceles por la realización de trámites que ahora realizan los jueces del Registro Civil y son gratuitos para los ciudadanos) y desde una perspectiva patrimonial (con la Ley Hipotecaria como legislación supletoria).

El Anteproyecto significa la desaparición de los Registros Civiles tal y como los conocemos: llevados por un juez, con todas las garantías, y de modo gratuito para el ciudadano. El Registro en adelante será un negocio que se repartirá entre registradores de la propiedad y mercantiles y notarios.

Por ejemplo, serán los notarios los que celebren los matrimonios, así que quien quiera casarse deberá pagar a un notario la tramitación del expediente y el otorgamiento de la escritura pública de matrimonio; y luego tendrá que volver a pagar a los registradores sus aranceles para poder inscribir el matrimonio en el Registro. Igualmente, en los expedientes de nacionalidad por residencia el juramento o promesa de fidelidad a la Constitución y renuncia a la nacionalidad anterior ahora se tendrán que hacer ante notario. Todo este tipo de trámites, que además en su mayoría son obligatorios para los ciudadanos (inscripciones de nacimiento, de defunción, tutelas, etc.) hasta ahora se realizaban por los juzgados con funciones de Registro Civil de forma gratuita. Con la agravante de que el Anteproyecto amplía los actos inscribibles en el Registro como los relativos al domicilio (con importantes consecuencias a efectos de notificaciones) o las representaciones y apoderamientos de personas físicas, entre otros.

Y si surge una discrepancia, los recursos en vez de tramitarse inicialmente ante la Dirección General de Registros y del Notariado (vía administrativa gratuita), pasarán a sustanciarse en vía judicial, esto es, con sujeción al sistema de tasas.

Se habla además de otros proyectos que suponen la privatización de servicios como las notificaciones, ejecuciones de sentencia, o embargos.

En síntesis, ATTAC ESPAÑA DENUNCIA LA MERCANTILIZACIÓN DE LA JUSTICIA, Y EXIGE:

1. La supresión de las tasas instauradas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, probablemente inconstitucional por la cuantía de sus tasas que impide u obstaculiza gravemente a la mayoría de los ciudadanos el acceso a los tribunales de justicia garantizado como derecho fundamental por el artículo 24 de la Constitución.

2. La gratuidad de la Administración de Justicia, salvo para las grandes empresas que son las que provocan el 60% de la actividad judicial civil.

3. La llevanza de los Registros Civil, Mercantil, de la Propiedad, de Bienes Muebles, de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, de Fundaciones de ámbito estatal y el Registro de Actos de Última Voluntad por funcionarios públicos, sometidos al mismo régimen jurídico que los restantes funcionarios de la Administración.

4. La gratuidad de todas las actuaciones del Registro Civil.

5. Que se mantenga el módulo del doble del salario mínimo interprofesional para el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita y que no se modifique el ámbito personal de aplicación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, los requisitos para el reconocimiento del derecho y su contenido material, de manera que no se restrinja la extensión actual del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Ilustración del artículo cortesía de Time_will_tell’s. Utilizada bajo licencia Creative Commons

attac.es

Vídeo corto: Cómo nos estafan las eléctricas con el déficit de tarifa

Eléctricas y ex-presidentes… de bien nacido es ser agradecido.

Desde Odio las Mates nos obsequian con un vídeo explicativo para “tontos” en el que, en sólo 3 minutos y medio, conoceremos el mecanismo a través del cual las compañías eléctricas -sería más apropiado decir “quienes controlan las eléctricas y los bancos”- nos estafan a los consumidores con la mierda esa del déficit de tarifa que nos encasquetan en los recibos de la luz. ¿Por qué pensáis que Aznar y Felipe González tienen unos empleos tan bien remunerados en Endesa y Gas Natural Fenosa, respectivamente?.

Construyendo el Frente Cívico; Anguita: Somos Mayoría (y VII)

http://colectivoprometeo.blogspot.com.es/2012/12/articulo-de-julio-somos-mayoria-y-vii.html

La causas reales de las políticas de austeridad

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 13 de diciembre de 2012

Este artículo identifica las causas que originaron la crisis económica y financiera actual a los dos lados del Atlántico, causas enraizadas en las políticas que llevaron a cabo los Estados que estimularon una enorme concentración de las rentas, creando un enorme problema de demanda de bienes y servicios por una parte y un capitalismo basado en la especulación por la otra. El artículo señala que, consecuencia de ello, las élites financieras y económicas han aumentado sus beneficios a costa del bienestar de la mayoría de las poblaciones, ejemplo claro en el caso de España. Las políticas de austeridad tienen como objetivo beneficiar los intereses del capital financiero, privatizar las transferencias públicas y los servicios públicos del Estado del Bienestar a fin de facilitar la intervención de capital financiero en estos sectores y debilitar la protección social y con ello la clase trabajadora y las clases medias.

A la patronal se le ve el plumero

Juan Torres – Consejo Científico de ATTAC España

La detención del anterior presidente de la patronal española, acusado ahora de blanqueo de dinero, alzamiento de bienes e insolvencia punible y tras una larga serie de escándalos empresariales protagonizados incluso bajo su mandato, es un buen motivo para reflexionar sobre el papel que los empresarios y sus dirigentes patronales desempeñan en nuestra sociedad.

En cualquiera que sea el sistema económico con el que uno se identifique (capitalismo, socialismo, comunismo…) la empresa tiene una función esencial. Entendida como la organización que se dedica a la producción de bienes y servicios no tiene sustituto posible en la inmensa mayor parte de los casos que conocemos, bien sea poniéndolos a disposición del mercado, del estado, de la colectividad por cualquier otro medio, o de alguna autoridad central. Es verdad que no es la única forma de obtenerlos pero sí que resulta prácticamente insustituible a poco que los procesos de producción se hagan algo complejos.

Sin embargo, la ignorancia y el papanatismo ideológico que tanto abundan han generado una confusión muy habitual que ha hecho que la empresa, y por ende la figura del empresario (o empresaria, porque creo que cuando se habla de empresas es cada vez más necesario subrayar el papel de las mujeres) sea muy mal comprendida y mucho peor apreciada. Tantos los izquierdistas de salón como los defensores fundamentalistas del capitalismo suelen identificar erróneamente a los empresarios con los capitalistas y más concretamente con el tipo de capitalismo que impera en cada época o en cada economía. Un error manifiesto porque es obvio que puede haber empresas en donde la propiedad no sea la privada o incluso empresas puramente capitalistas en donde los valores o la forma de gestión de los recursos predominantes no esté guiada exclusivamente por la avaricia o el afán de lucro. Una confusión aciaga y que tiene mucha más trascendencia de la que pudiera parecer cuando la difunden personas de gran influencia pública.

Para crear riqueza y empleo y para proporcionar ingresos y satisfacción a los seres humanos son imprescindibles las empresas y puede ocurrir que nada de eso se consiga en la medida necesaria si unos las rechazan porque ven en ellas a su enemigo capitalista y si, al mismo tiempo, otros entienden que lo único que hay que hacer para fomentarlas es fortalecer el capitalismo y, en particular, un tipo de empresa capitalista (jerárquica, social y ambientalmente irresponsable, empobrecedora, o ineficiente por muy rentable que sea) con el que es muy difícil que la inmensa mayoría de la sociedad se sienta identificada.

Lo primero le pasa a muchos sindicalistas y líderes políticos de izquierdas, que no se dan cuenta de que entre los empresarios (por ejemplo los que ahora están realmente al borde del abismo por culpa de los bancos y de las grandes empresas) pueden tener a muchos aliados, o que si se dedicaran a promover la creación de empresas de otro tipo (cooperativas, sociedades laborales, autogestionadas, etc.) avanzarían mucho más aceleradamente hacia la sociedad alternativa a la que aspiran.

Lo segundo es lo que creo que le viene pasando a la patronal española en los últimos años. Ha estado y está dominada por personas cuya trayectoria no ha sido precisamente la que podría servir a la sociedad como referencia de la excelencia, el riesgo y el buen hacer productivo de un empresario ejemplar. Y no me refiero solo a sus presidentes sino a los más de 35.000 liberados (por cierto, casi 8,5 veces más de los que tienen los sindicatos) que mantienen las diferentes organizaciones patronales.

El caso de Gerardo Díaz Ferrán es una muestra paradigmática de ello. Es decir, de que la patronal española refleja a un tipo carpetovetónico de empresario que tiene muy poco que ver con el que de verdad crea riqueza y con el que sería necesario promover para lograr que en nuestro país nos liberásemos alguna vez de la mentalidad dependiente y del terrible “¡que inventen ellos!”.

Ferrán y tantos otros empresarios instalados en la cúpula del poder empresarial, son en realidad buscadores de rentas que defienden el mercado cuando hablan ante los micrófonos pero que solo saben ganar dinero aliándose con la clase política más corrupta y que solo compiten a la hora de dar comisiones. Son los que piden austeridad a los demás pero que inflan las cuentas del Estado cuando se quedan con contratos públicos gracias a los políticos a los que han comprado. Son los que dicen que los servicios públicos son insostenibles mientras se llevan a espuertas el dinero que han ganado a costa de su militancia política a paraísos fiscales para no pagar impuestos.

Los líderes de la patronal que no tienen en la boca propuestas distintas a reducir salarios, como Díaz Ferrán, son en realidad enterradores de empresas y no verdaderos líderes empresariales. Con tal de sacarle las castañas del fuego a las grandes compañías de quienes reciben votos, favores y dinero a mansalva, vienen defendiendo políticas económicas que han arruinado a miles de pequeños y medianos empresarios que son los que realmente crean empleo porque la desigualdad a la que dan lugar arruina sus mercados y destruye sus clientelas.

¿Cuándo hemos oído a un dirigente empresarial español reclamar a sus colegas que hay que investigar más, que hay que ser creativos y producir con calidad, que la asunción del riesgo y la innovación es lo que distingue a una buena empresa y no el número de pelotazos conseguido o el número de despidos, y que no basta con bajar sueldos para ser competitivos?

Los dirigentes de la patronal española están continuamente diciendo que tiene que haber más empresarios y critican que los jóvenes no quieran serlo.

Yo estoy completamente de acuerdo con esa demanda aunque entiendo perfectamente por qué no hay más empresarios y empresarias en España. De hecho, lo hablo a menudo con los jóvenes a quienes enseño en la universidad o con los que trato en otros lugares.

A mi juicio hay dos grandes problemas que lo impiden. El primero es que no hay capital suficiente. Los dirigentes de la patronal olvidan a menudo que para que haya empresarios no basta con que existan herederos. Es imprescindible que haya dinero, aunque no sea lo único que hace triunfar un proyecto empresarial, y eso no es lo que se consigue precisamente con las políticas que defienden. Pero también otro tipo de capital muy importante: social, cultural, relacional, también buena educación, formación adecuada, ingenio en el ambiente social. Y resulta que la política que viene defendiendo la patronal española destruye este capital. Se dedica solo a privilegiar el que ya dispone una ínfima parte de la población o a financiar medios de comunicación y centros de estudio como negocio que adocenan, desmotivan y maleducan. Y, como en estos últimos años, a proporcionar dinero fácil a base de especular y de estafarse unos a otros.

El segundo problema es también determinante. Mientras que los líderes de la patronal se presenten a la sociedad como cancerberos de la derecha, como escuderos de los proyectos políticos más reaccionarios y conservadores, o mientras sean simples delincuentes, como en el caso de Ferrán, mientras a los líderes de la patronal se les vea tanto el plumero político ¿cómo vamos a pedir que haya más empresarios entre todo tipo de jóvenes o entre personas honestas de todas las tendencias?

Artículo publicado en Público.es
Ganas de escribir

Ilustración del artículo cortesía de El Roto

Declaración Política de las jornadas del Puente Constituyente

Las personas participantes en las jornadas del Puente Constituyente, tras valorar la grave situación que atravesamos y tras un debate colectivo sobre los bloqueos que contiene el actual sistema legal y constitucional, hacemos un llamamiento a toda la sociedad a iniciar un proceso constituyente. Nos dirigimos a todas las organizaciones y movimientos sociales, mareas, asambleas populares y demás colectivos, a todas y todos los que luchamos por la defensa de nuestros derechos.

El sistema político actual está agotado, totalmente deslegitimado. No fue resultado de un proceso constituyente democrático; no permite la participación ciudadana; está blindado, impidiendo cualquier cambio por la vía de la iniciativa popular; no garantiza el cumplimiento de los derechos que reconoce; está hecho para garantizar los intereses y el poder de una pequeña minoría. Ni nos incluye ni nos representa. Debemos cambiarlo iniciando un proceso constituyente.

Éste proceso constituyente es creación de poder popular, que ha de desplazar al poder del sistema que nos gobierna con su entramado legal. El poder popular, capaz de cambiar el sistema y el entramado legal/constitucional que lo sustenta, es el poder constituyente democrático que necesitamos. Queremos que cambie quién decide; ahora decide la oligarquía, exigimos que decida el pueblo.

No es suficiente el respaldo a una opción que propugne un cambio constitucional. Es necesaria nuestra implicación, como personas que formamos parte de la sociedad y por tanto participamos de este proceso de empoderamiento, para hacernos dueñas y responsables de todo aquello que nos afecta, definiendo tanto nuestro presente como nuestro futuro, como auténticos ciudadanos.

Podremos decidir como poder constituyente cuando la mayoría de la sociedad, participando como tal en el proceso constituyente, aseguremos su carácter democrático. De ésta forma garantizaremos que el proceso esté libre tanto de imposiciones por la fuerza como de discriminaciones.

Cuando la mayoría social tengamos el poder de decisión podremos fijar el marco legal y constitucional que garantice el principio de solidaridad universal y todos los derechos fundamentales históricamente reconocidos, más aquellos, tales como la sostenibilidad medioambiental, que no lo han sido.

Esta mayoría social es plural, diversa y con múltiples identidades. La progresiva inclusión de éstas como participantes en el proceso constituyente exige dotar a éste de un marco organizativo en el que su aportación sea reconocida, sin verse obligadas a diluirse en una masa homogénea.

Las leyes vigentes reflejan la exclusión, la explotación, la corrupción y falta de transparencia, y la confusión entre lo privado y lo público-común, todas características del sistema. La principal garantía de no retorno, más que en las leyes, está en la transformación del sistema de forma que la organización social y económica respondan a las necesidades de las personas y a la sostenibilidad del medio ambiente.

Nuestro método es democrático y asambleario. Definiremos en el camino todos los detalles del proceso constituyente y sus hitos políticos. Para la consecución de nuestros objetivos nuestra acción será no violenta.

Proponemos confluir en un camino que integre todos estos enunciados, de forma que nos postulemos como poder constituyente, decidiendo y creando nuestro futuro mediante un proceso constituyente.

Rivas Vaciamadrid, domingo 9 de diciembre de 2012


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