31 dic 2012

¿Qué significa que un estado recompre su deuda pública?

Una lectora de este blog (http://eduardogarzon.net) me hizo la siguiente pregunta: ¿Qué significa que Grecia haya recomprado su deuda pública? Con la intención de ofrecer una respuesta sencilla a esta pregunta publico este post, de forma que pueda servirle a cualquier otra persona que tenga la misma duda. (Aprovecho para invitar a cualquier lector o lectora a enviar sus dudas y preguntas a eduardo.garzon.espinosa@gmail.com que si está en mi mano procederé a responderle).

Recomprar la deuda pública es dejar de pagar una parte a los tenedores de deuda pública. Es decir, recomprar la deuda es realizar una quita de la misma. Empiezo desde el principio.

El Estado griego necesita dinero. Entonces vende deuda pública (papelitos en los que viene expresado que dentro de un tiempo se compromete a devolver el dinero que le presten). Ciertos inversores compran esos papelitos a cambio de una determinada cantidad de dinero. Es decir, es como un préstamo que le dan los inversores al Estado griego. Por ejemplo, los inversores le prestan 1000 euros al Estado griego y el Estado griego se compromete a que dentro de 10 años los devolverá. Recomprar la deuda pública significa que el Estado griego no espere los 10 años para devolver el dinero, sino que lo haga antes de tiempo, pero devolviendo menos dinero. En vez de devolver 1000 euros una vez transcurridos los 10 años como se acordó, devolverá 400 euros antes de que se cumpla el plazo. Si se piensa, es el mismo efecto práctico que dejar de pagar 600 euros a los inversores (1000 – 400 = 600). Se dice que el Estado griego “recompra” deuda pública porque compra los papelitos que una vez vendió como compromiso de pago.

Esto parece algo positivo para el Estado griego, pero no cantemos victoria. Hay que tener en cuenta que el Estado griego tiene que devolver la cantidad que le han prestado más unos intereses extra por haberse endeudado. Los intereses se van sumando a esos 1000 euros cada año. Si el tipo de interés es del 5% (nivel al que Grecia emitía su deuda antes de ser “rescatada”), el Estado griego tiene que pagar cada año el 5% de los 1000 euros prestados: 50 euros (5% de 1000 euros = 50 euros). Haciendo un simple cálculo, en 8 años el Estado griego habría pagado por intereses 400 euros sólo en concepto de intereses (50 * 8 = 400 euros). Y todavía seguiría debiendo la cantidad prestada, más los intereses correspondientes a los años siguientes. Si el octavo año es el momento en el que decide recomprar la deuda pública por 400 euros, en realidad no es que se haya ahorrado 600 euros (porque su valor era de 1000 euros), porque a esos 400 euros habría que sumarle los intereses que ha ido pagando cada año, que en este ejemplo son otros 400 euros. Es decir, el Estado tendría que pagar 800 euros, cuando recibió 1000 euros. El alivio sería de 200 euros.

Como vemos, este impago parcial de deuda es un alivio para el Estado griego, pero ni es un gran alivio (y mucho menos la solución), ni es un coste elevado para los inversores. Es un impago que no perjudica apenas a los acreedores de deuda pública. Por eso es necesario distinguir entre aquellos impagos que suponen verdaderas pérdidas a los acreedores (compradores de deuda pública), y entre aquellos impagos que simplemente reducen la cantidad de ganancias que obtendrán los acreedores. Grecia ha impagado parcialmente su deuda hasta en dos ocasiones, pero estas quitas nunca han supuesto una verdadera pérdida para los compradores de deuda pública. Simplemente han provocado que en vez de obtener colosales beneficios, obtengan un poco menos y lo hagan más tarde.

Existe una forma de clasificar estos impagos parciales de deuda pública o reestructuraciones:

El impago dirigido por los acreedores, es precisamente el que ha llevado a cabo Grecia. Las condiciones del impago normalmente son impuestas por los acreedores de la deuda, que prefieren ganar menos de lo que tenían pensado a no ganar nada (en el caso de que el Estado entrase en bancarrota). El impago afloja la soga para no matar a la víctima y así poder seguir chupándole la sangre.

El impago dirigido por los deudores, como el que llevó a cabo el gobierno de Ecuador en 2008. Las condiciones del impago son impuestas por el deudor, es decir, por el Estado. Esta acción responde al objetivo no de aflojar la soga, sino de cortarla para permitir que la víctima deje de ser víctima y pueda ser libre.

Por todo ello, que nadie se lleve a engaños. Grecia ha impagado parte de su deuda pero ni eso le ayudará a salir de su penosa situación, ni eso supone grandes pérdidas para los inversores de la deuda pública griega.

Las últimas subvenciones públicas a las fundaciones de los partidos políticos

En el Boletín Oficial del Estado perteneciente al viernes 21 de diciembre de 2012 aparecen las últimas subvenciones públicas que reciben las fundaciones con dependencia orgánica de los partidos políticos.

FAES es la fundación que más dinero público recibe, con 1.188.071 euros. FAES es una fundación dependiente del Partido Popular, partido que se encuentra actualmente en el poder.

La segunda y tercera fundación que reciben una mayor subvención son las que dependen directamente del Partido Socialista Obrero Español, Fundación Pablo Iglesias y Fundación Ideas para el Progreso, cada una de ellas recibe 332.424 euros.

La cuarta en cuestión es Fundación por la Europa de los Ciudadanos, que recibe 147.974 euros. Esta institución es dependiente de Izquierda Unida.


Resto de fundaciones y partido:
-Centro de Estudios Canarios Siglo XXI (15.328 euros), que pertenece a Coalición Canaria

-Catalanista I Democracia Catdem (81.151 euros), que pertenece a Convergencia Democrática de Catalunya (CiU)

-Galiza Sempre (19.605 euros), que pertenece al Bloque Nacionalista Galego

-Privada l' Alternativa (7.461 euros), que pertenece a Esquerra Unida i Alternativa

-Privada Nous Horitzons (22.383 euros), que pertenece a Izquierda Unida de Cayalunya

-Progreso y Democracia (121.787 euros), que pertenece a Unión Progreso y Democracia

-Rafael Campalans (100.865 euros), que pertenece al Partido Socialista de Catalunya

-Sabino Arana Kultur Elkargoa (35.485 euros), que pertenece al Partido Nacionalista Vasco

-Josep Irla (26.084 euros), que pertenece a Esquerra Republicana de Catalunya

-Gaspar Torrente (5.589 euros), que pertenece a Chunta Aragonesista

-Alkartasuna Fundazioa (13.082 euros), que pertenece a Eusko Alkartasuna

-Institut d'Estudis Humanistics Miquel Coll I Alentorn (27.762 euros), que pertenece a Unió Democrática de Catalunya (CiU)

Condenados en Islandia los dos primeros banqueros por la crisis financiera

Larus Welding, exconsejero delegado del banco islandés Glitnir.
Los responsables del tercer banco del país son condenados a 9 meses de prisión por la crisis que arrastró a su economía a la recesión.

Islandia condena a dos banqueros por el colapso bancario del país, cuando pinchó la colosal burbuja que se había formado por un excesivo crecimiento de su sistema financiero (en 2003, los activos de las entidades suponían un 174% del PIB de Islandia, y ese porcentaje ascendió al 744% en 2007). Un tribunal de Reikiavik ha condenado a nueve meses de prisión a los dos máximos responsables del banco Glitnir, el primero de las tres mayores entidades financieras que quebró y que tuvo que ser intervenida, y que provocó una profunda crisis en el pequeño estado del Atlántico norte.

Se trata del ex consejero delegado del banco Larus Welding, y de uno de sus más estrechos colaboradores en la entidad, Gudmundur Hjaltason, que fueron acusados de fraude por haber concedido prestamos con un elevado riesgo y que acabaron provocando la quiebra de la entidad. Son los primeros banqueros que son condenados por la crisis financiera.

En septiembre de 2008, los tres mayores bancos islandeses (Glitnir, Landsbanki y Kaupthing) quebraron consecutivamente por su voluminosa deuda, y arrastraron al país a su mayor recesión en seis décadas. Su rescate obligó a que el país pidiera ayuda financiera al FMI, a cambio de un severo plan de ajuste. Larus Welding fue arrestado hace un año por orden del fiscal especial que se encarga de las investigaciones por las causas de la crisis financiera. El tribunal ha condenado a los dos directivos bancarios por haber aprobado un préstamos de 102 millones de euros sin las suficientes garantías a una sociedad tenedora de acciones de Glitnir, para que ésta a su vez pudiera pagar una deuda con Morgan Stanley. Aquella operación se realizó vulnerando las propias reglas de la entidad, elevó considerablemente los riesgos del banco, y acabó provocando unas pérdidas de 53,7 millones de euros.

Aunque han sido condenados, la pena impuesta a los dos directivos de Glitnir está muy por debajo de lo que el fiscal especial había pedido para ellos: cinco años y medio de prisión para Welding, y cinco años para Hjaltason.

En abril pasado, el ex primer ministro islandés , Geir Haarde, fue declarado inocente por la Justicia de su país tras ser acusado de no haber hecho lo suficiente para impedir la bancarrota del sistema financiero. En el juicio, Haarde negó responsabilidades en la quiebra bancaria sufrida por Islandia en 2008, alegando que no disponía de información al respecto. La sentencia del Landsdómur (un tribunal especial) exculpó a Haarde de tres de los cuatro cargos de que estaba acusado, aunque lo condenó por haber violado la ley sobre la responsabilidad de los ministros al no convocar reuniones del Consejo de Ministros para analizar la situación.

Visto en publico.es

29 dic 2012

Julio Anguita en el Programa Pido la Palabra



Publicado el 09/11/2012

Julio Anguita responde a las preguntas que le realizan gente de la calle y al público del programa "Pido la palabra", muchas de las cuales hacen alusión al proyecto de Frente Cívico Somos Mayoría, en el que Julio Anguita es el Referente.
Este fragmento de vídeo está extraído del enlace http://www.canalsuralacarta.es/television/video/nos-visita-julio-anguita-y-la...
El Blog donde participa Julio Anguitahttp://colectivoprometeo.blogspot.com.es/
Enlace para apuntarse al proyecto de FRENTE CÍVICO SOMOS MAYORÍA
http://colectivoprometeo.blogspot.com.es/2012/07/boletin-de-datos.html

28 dic 2012

Cómo ajustar 40.000 millones sin tocar el Estado del bienestar

Parece una nueva maldición bíblica, que llega por partida doble: hay que ajustar 40.000 millones el presupuesto de España y además el margen es tan estrecho que elhachazo puede dejar en los huesos el Estado del bienestar, sobre todo si lo asumen las comunidades autónomas, que gestionan la sanidad y la educación.

Aunque la propaguen profetas muy cualificados, se trata en realidad de una decisión política del nuevo Gobierno del PP, según coincide la decena de economistas y expertos progresistas consultados por Público: la gran mayoría considera "arbitraria" la cifra y ofrece alternativas concretas para alcanzarla sin acrecentar aún más el déficit social con respecto a la UE: según la OCDE, el gasto público de España estáaún siete puntos por debajo de la media de la eurozona.

La lista de expertos consultados incluye, entre otros, catedráticos como Miren Etxezarreta y Joan Ramon Laporte, expertos con experiencia institucional Agustí Colom, en la Sindicatura de Cuentas de Catalunya y Alejandro Inurrie-ta, en el Ministerio de Vivienda o con un contacto diario con la Administración tributaria como José María Mollinedo, inspector de Hacienda y secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio.

Una única propuesta de Gestha ya compensaría por si solo el hachazo. Según un estudio de la organización, reducir diez puntos el fraude fiscal que varios trabajos académicos sitúan en el 23% del PIB supondría recaudar 38.500 millones.
Sarkozy y Barroso, ambos socios del PP, abogan por aplicar ya la tasa Tobin'
Pero pese a la contundencia de la cifra, Público no la ha incluido en su catálogo alternativo porque la reforma exigida para conseguirlo probablemente llevaría años. Tampoco incluye subir los impuestos que pagan las sicav uno de los vehículos de inversión de los grandes patrimonios, porque, aunque tendría un alto valor simbólico su impacto recaudatorio, sería muy modes-to, según todos los expertos.

Lo que sigue son las medidas sugeridas no todos tienen por qué suscribirlas todas que permitirían ajustar 40.000 millones el presupuesto sin debilitar el Estado del bienestar ni concentrar el hachazoen la mayoría de la población.


IRPF y capital
5.300 millones


Está incluido en el paquete ya aprobado por el Gobierno: la subida en el IRPF de hasta siete puntos en el tipo máximo suma 4.100 millones y la subida de la fiscalidad de las rentas de capital hasta seis puntos en las de mayor cuantía aporta otros 1.200.

Pese al escándalo que la decisión ha provocado en los sectores más liberales, los economistas progresistas consideran que se podría avanzar todavía más: tras la reforma, el tipo máximo del IRPF llega en algunas autonomías al 56%, pero Etxezarreta recuerda que la reforma fiscal de la Transición, también en plena crisis económica, lo colocó en el 66%. Y el tope en las rentas de capital generados en los depósitos de ahorro, por ejemplo se sitúa en el 27%. "Hay todavía mucho margen hasta igualar las rentas del trabajo y del capital, porque no tiene demasiado sentido que los ingresos nacidos del trabajo se graven por encima del 50% y los generados sin esfuerzo en un banco estén por debajo del 30%", sostiene Etxezarreta.


Inversión militar
1.000 millones


Los pacifistas como Arcadi Oliveres, economista de la Universitat de Barcelona, lo tienen claro: eliminando el Ministerio de Defensa se obtendría un ahorro automático para el erario público de 16.000 millones, al sumar el presupuesto del departamento (8.000) y otros gastos con huella militar repartidos por otros ministerios y que año tras año rastrean organizaciones como Justícia i Pau, que preside el propio Oliveres.

Pero, sin llegar a este extre-mo, hay margen para ahorrar mil millones sin abandonar ninguna misión en el exterior ya comprometida. Bastaría con reducir a la mitad la inver-sión anual en armamento que se reparte entre Defensa e Industria. Problema: el nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, procede directamente del sector privado de la defensa y seguridad.


'Tasa Tobin'
4.000 millones


Durante años, la tasa a las transacciones financieras promovida por organizaciones como Attac era vista con desdén por el mundo oficial. Pero, en 2011,la propia Comisión Europea, de abrumadora mayoría neoliberal y presidida por el conservador José Manuel Durão Barroso, anunció su intención de implantarla. Y, ahora, el presidente francés, Nicolas Sarkozy también conservador y, como Barroso, socio euro-peo del PPquiere aplicarla ya, unilateralmente, lo que hace añicos el mito de que sólo sería posible a escala global.
Alejandro Inurrieta: "La ayuda fiscal por las pensiones privadas va a las gestoras"
La fórmula sugerida por Bruselas es un impuesto de entre el 0,01% y el 0,1% de la transacción en función del tipo de movimiento y, según los cálculos oficiales, permitiría recaudar 55.000 millones al año. Ello ha permitido a expertos como Ricardo García Zaldívar, economista de Attac y de la Universidad Carlos III, apuntar el impacto recaudatorio en España en función de su peso en el PIB europeo: al menos 4.000 millones al año.

Pero el potencial recaudatorio es incluso más alto, porque la propuesta europea es conservadora al dejar fuera a los productos Over the counter(OTC). La elaborada por el Partido Socialista Europeo al que pertenece el PSOE prevé una tasa del 0,05% a todas las transacciones (incluidas las OTC), con lo que los cálculos recaudatorios para toda la UE sube a 200.000 millones.


Impuesto sociedades
10.500 millones


El tipo nominal máximo del Impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas, es del 30%, que, sin ser de los más altos de la UE, es formalmente más del doble del que aplican países como Irlanda. Sin embargo, la posibilidad de exenciones y deducciones hace que, en la práctica, lo que realmente pagan las empresas sobre sus beneficios no supere el 10% de media, según la Agencia Tributaria. Cualquier sugerencia de aumentar este impuesto es automáticamente descartada por el temor a perjudicar a las empresas en un momento de crisis, pero el sindicato Gestha ha presentado una propuesta dirigida sólo a las grandes empresas con beneficios, que en la práctica disfrutan de una fiscalidad mucho más favorable que las pymes.

La medida afectaría exclusivamente a las grandes compañías, que facturan más de 45 millones al año (en España hay 5.700), y se aplicaría sólo a las que superen el millón de euros de beneficios anuales. Según una estimación de la propuesta del sindicato, elevando a estas compañías el tipo nominal del 30% al 34%, el erario público obtendría al menos 10.500 millones al año.


La Iglesia católica
1.200 millones


La organización Europa Laica calculó en 2011 que la Iglesia católica recibe del Estado en torno a 10.000 millones de euros cada año, como consecuencia de las condiciones del concordato que rige las relaciones entre la Iglesia y el Estado desde 1979.

La cifra incluye la asignación vía IPRF (en 2010 fueron 249 millones), el salario de los profesores de religión en las escuelas (650 millones) y sus indemnizaciones por despido improcedente o el pago de los sacerdotes en las cárceles y los cuarteles, pero también los conciertos por servicios educativos y sanitarios que reciben decenas de miles de personas, entre muchos otras capítulos.

Para este catálogo de ajuste alternativo se ha contabilizado sólo la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Según Alejandro Inurrieta, alto cargo del Ministerio de Vivienda con Carme Chacón, si la Iglesia abonara el IBI, el erario público contaría con 1.200 millones de euros adicionales al año.

"La excepcional forma de financiación de la Iglesia católica es insostenible en tiempos de crisis", subraya Santiago Castellà, profesor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.


Impuesto sucesiones
8.000 millones

El País Valencià rechaza el Impuesto de Patrimonio pese a la asfixia económica
El impuesto de Sucesiones y Donaciones lo gestionan las comunidades autónomas, cuyas necesidades financieras se han vuelto en algunos casos desesperadas. Y, pese a ello, en 2010 recaudaron por esta vía apenas 1.900 millones en total, porque todas cuentan con bonificaciones que oscilan entre el 90% y el 99%.

Según varios expertos, eliminar por completo las bonificaciones de forma simultánea en todas las comunidadespara evitar así la competencia a la baja supondría una recaudación adicional de entre 17.000 y 19.000 millones.

Público ha optado por contabilizar una propuesta intermedia, que mantenga una bonificación media del 50%, con lo que las comunidades podrían gestionar 8.000 millones de euros más al año. "El único problema de los impuestos es de voluntad política, aunque se aleguen cuestiones técnicas", opina José María Mollinedo, secretario general de Gestha.


Patrimonio
3.500 millones


Otro impuesto desa-parecido en los años del boom, en los que la izquierda mayoritaria asumió el principio de "bajar los impuestos es de izquierdas", es el de Patrimonio, que en 2007 aún recaudó 2.100 millones.

El Gobierno del PSOE lo recuperó antes de dejar el poder, pero en un formato restrictivo. Además, Madrid, Murcia y el País Valencià las dos últimas, pese a una situación financiera desesperada lo mantienen fuera de juego por la vía de la bonificación, por lo que la nueva versión apenas puede recaudar, según Gestha, unos 500 millones al año.

Según cálculos de los expertos de la organización, recuperar la base sobre la que se aplicó el Impuesto de Patrimonio hasta 2007, elevando el tipo efectivo del 0,6% al 1%, permitiría sumar otros 3.500 millones de euros cada año.


Medicamentos
2.000 millones


El Ejecutivo socialista logró implantar el pasado verano la prescripción por principio activo en toda España, de forma que los médicos deben ya priorizar la receta de medicamentos genéricos, con su consiguiente ahorro para el erario público.

Pero el margen de ahorro en el gasto farmacéutico es aún importante en España, según subraya Joan Ramon Laporte, catedrático de Farmacología de la Universitat Autònoma de Barcelona y jefe de este departamento del hospital del Vall d'Hebron: "Aquí se gasta muchísimo dinero de más en medicamentos, lo que en el fondo refleja el poder político clarísimo del sector".

Laporte recalca que los datos de la OCDE muestran que "hay espacio para recortar" en gasto farmacéutico público: España destina a medicamentos el equivalente al 1,27% del PIB cuando la media de la UE a 15 la de antes de la ampliación al Este es apenas del 0,87%.

El 80% de este gasto es público, con lo que reducir este diferencial a la mitad supondría un ahorro mínimo de 2.000 millones para la Administración pública.


Vivienda
2.500 millones


Pese a la necesidad del ajuste drástico en las cuentas públicas, el Gobierno ha anunciado que recuperará las deducciones fiscales universales para la compra de la vivienda, con independencia de la renta del comprador, en los términos que alimentaron la burbuja, y que reducirá el IVA al respecto del 8% al 4%.

Inurrieta calcula que el impacto para el erario público será de 2.500 millones al año: 1.500 por la recuperación de la desgravación universal y otros mil por la rebaja del IVA sin limitaciones.

En realidad, el coste total de la desgravación para la compra de vivienda supera los 5.000 millones, porque el 70% de los demandantes cumplían los requisitos más restrictivos que aprobó el Gobierno de Zapatero en 2009 y, por tanto, siguieron aplicándolos.

"Lo más escandaloso ni siquiera es la cantidad que el Gobierno dejará de ingresar, sino que vuelva a alentarse el modelo que generó la burbuja y nos llevó al desastre", advierte Agustí Colom, economista de la Universitat de Barcelona.


Pensiones privadas
2.000 millones


Desde 1996, España ha dejado de ingresar más de 20.000 millones como consecuencia de los incentivos fiscales de que gozan los planes privados de pensiones. Al principio, la cifra era testimonial, pero en los últimos años se mueve entre los 2.000 y los 3.000 millones anuales.
"La excepcional ayuda a la Iglesia no es compatible con la crisis", avisa Castellà
Las desgravaciones se han mantenido intactas a pesar de que varios estudios han puesto en cuestión la rentabilidad conseguida por los planes de pensiones, sobre todo como consecuencia de las altísimas comisiones del sector financiero. Pablo Fernández, profesor de Finanzas de la escuela de negocios IESE, elabora cada año un ranking de más de 3.000 fondos de pensiones en España y son muy escasos los que consiguen rentabilidades sostenidas mejores a las del bono español, pese a que los gestores perciben comisiones generalmente superiores al 2%.

En 2009, Fernández cuantificó las comisiones de las gestoras por estas magras rentabilidades en más de mil millones de euros.

"Es hora de repensar estas desgravaciones, que son muy regresivas, porque favorecen a las rentas altas con capacidad de ahorro y que en la práctica se han convertido en una transmisión de renta directa hacia las gestoras", sostiene Inurrieta.


Total
40.000 millones de euros

Visto en publico.es

Vídeocomic sobre la crisis española



Explicacion de la crisis Española desde un punto de vista gracioso aunque muy realista.





Vídeo trailer de Simiocracia, un libro que cuenta la evolución de la crisis de España en tono de humor, del creador de Españistán.
Más información aquí: http://regalopedia.es/simiocracia-el...risis-espanola/12903

Europa: Unión Europea, Banca y Euro.

Visto en frontecivicapontevedra.org
TEMA: Europa: Unión Europea, Banca y Euro


Hasta alguien que no tenga ni idea de macroeconomía puede entender la estafa de la deuda si se la explican en términos que pueda entender. Y por fin lo entendí

Los estados necesitan pedir crédito para atender a sus necesidades, ya que no le llega con el dinero de los contribuyentes. Siguiendo las buenas prácticas de la economía doméstica, se debería ajustar los gastos a los ingresos y limitar los créditos a claras oportunidades de mejora, es decir, evitar vivir a crédito, pero parece que las buenas prácticas de la economía básica no sirven para la macroeconomía, ya que todos los países están endeudados. Bien, entonces el estado le pide un crédito a un banco que nos cobrará unos intereses (entre 5 y 17 %) en función de nuestra prima de riesgo, que mide la fiabilidad de nuestro país a la hora de devolver esta deuda. ¿Tienen los bancos tanto dinero para prestarnos? Pues no, los bancos le piden dinero prestado al Banco Central Europeo (BCE, el cual está financiado con el dinero de los contribuyentes) a un interés menor al 1%. ¿Qué? Pues sí, los bancos se quedan con una buena cantidad del dinero de los contribuyentes, pues los estados no pueden pedir crédito directamente al BCE ya que está prohibido por el Tratado de Lisboa.

¿Qué le pasa a los bancos si el estado no puede pagar la deuda? Que cobrarían a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE, el cual está financiado con el dinero de los contribuyentes), para lo cual el estado tendría que pedir un “rescate” (la palabra prohibida) con la condiciones que el MEDE imponga, que pueden ser tanto condiciones económicas, como sociales o políticas, pues el Tratado de Lisboa le otorga el poder para hacer y deshacer, así como le quita a los estados y a los ciudadanos el derecho a réplica.

 Y ¿quién ha firmado el Tratado de Lisboa? Los representantes de todos los estados miembros de la Unión Europea sin el consentimiento de los ciudadanos. Bueno, antes de llamarle Tratado de Lisboa le llamaron Constitución Europea y en algunos países hicieron un referéndum en 2005, pero como hubo dos países que votaron no, paralizaron el proceso. Luego le cambiaron el nombre por el de Tratado de Lisboa y decidieron no hacer más consultas y firmarlo directamente en 2007. El Tratado de Lisboa se diseño para mejorar el funcionamiento de la UE, pero en realidad parece que promociona la desregulación del mercado y no favorece la intervención del Estado para lograr objetivos sociales. De hecho, la primera obligación para los estados era la modificación de sus constituciones para incluir los nuevos mandatos (art. 135 en CE). Desde entonces, se suceden las protestas ciudadanas que hasta la fecha no han sido escuchadas.
Hay quien propone salir de la Unión Europea y, sobre todo, del euro. Otros dicen que no nos lo permitirían y en caso de conseguirlo no podríamos pagar la deuda.

Las preguntas para las que aún no tengo respuesta son: ¿podemos salir de la UE y del euro y a qué precio? ¿hay alternativas para mejorar el bienestar dentro del euro?

26 dic 2012

Chaval rechaza un iPod en un concurso de Antena 3


Vídeo grabado en la entrega de los premios Te Toca de la Fundación Antena 3 el 3 de diciembre de 2012. Uno de los premiados que ha realizado un vídeo advirtiendo de los peligros de la obsolescencia programada es irónicamente obsequiado con un Ipod. La coherencia del chaval (de 15 años de edad) sorprende a todos cuando rechaza el premio. Como parte del premio también estuvo en una reunión a la que asistieron el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Princesa Leticia entre otras personalidades. Lo que mostraron las noticias (nada del discurso ni del rechazo):

23 dic 2012

La gran reforma que jamás hará Rajoy


Ignacio Escolar

Para crear una empresa en España hace falta valor y bastantes cosas más: diez trámites burocráticos, 28 días de plazo y 1.068 euros en papeleos de media. Los números son del Banco Mundial y salen de un informe que sitúa a España en el terrible puesto 136 (de 185) entre los países donde más fácil es poner en marcha una empresa. Por delante estánpotencias como Afganistán, Irán, Kenia, Marruecos, Tanzania, Yemen, Ruanda o Senegal. "España no es Uganda", como dijo Rajoy, porque incluso en Uganda (puesto 120) es más sencillo y barato crear una empresa. ¿La razón de este desastre? Entre otras cosas, una privilegiada burocracia privatizada: los notarios y registradores de la propiedad a los que ningún Gobierno en 150 años se ha atrevido a tocar.

Lo de 150 años es literal:la ley del notariado es del 28 de mayo de 1862, lleva la firma deIsabel II y, con leves cambios, aún está en vigor. Regula a un cuerpo de funcionarios peculiar, unos privilegiados que disfrutan de lo mejor de ambos mundos: la tranquilidad del puesto de trabajo asegurado y los mejores sueldos del sector privado. Ejercen en régimen de oligopolio una plaza pública cuyos beneficios no solo son privados, sino que suelen ser estratosféricos. Pese al pinchazo de la burbuja, ganan de media bastante más que un presidente del Gobierno, un ministro o incluso un controlador aéreo. Sus elevados salarios son un impuesto privado obligatorio que pagan todas las empresas del país. Son esos costes que lastran nuestra competitividad.

Aun admitiendo las ventajas de que exista un sello oficial y obligatorio de determinadas operaciones económicas -que ya es mucho suponer-, ¿qué necesidad hay de que ese visado esté por duplicado y haya que pagar primero al notario y después al registro mercantil o de la propiedad? ¿No bastaría con uno solo? Y, ya que es un registro público, ¿no lo podrían gestionar funcionarios normales de la Administración, más aún en los años de la informática e internet? En cuanto a su función de tutela del cliente, está por demostrar. Supongo que no conocerán muchos notarios que hayan desaconsejado una hipoteca abusiva, o que hayan puesto demasiados problemas para permitir en la propia notaría una compraventa con dinero negro de por medio.

En Francia, como en otros países europeos donde persiste el derecho latino, también hay notarios y registradores de la propiedad, pero estos puestos no implican sueldazos como los de España, donde el estudiante más listo de derecho encuentra una recompensa mayor en esta profesión que en oficios más cruciales para la sociedad, como juez, abogado o fiscal. Es una anormalidad, además de una amoralidad. Pero no esperen que Rajoy, titular en el exilio del registro de Santa Pola, vaya a ser el presidente que aborde esta gran reforma estructural.


Visto en elperiodico.com

"The great Spanish crash" BBC 2012 subtitulado



En el reportaje de la BBC titulado "The great Spanish crash" se recoge la dura situación que muchas familias españolas están viviendo actualmente, así como el proceso que ha llevado a España a esta situación, desde el franquismo hasta la pasada huelga general.

20 dic 2012

La memoria, estructura y funcionamiento: Memoria explícita

La memoria explícita o declarativa (por contraposición a la memoria implícita o procedimental) es la que llamamos normalmente memoria. Tiene que ver con lugares, personas y objetos (semántica) y con hechos (episódica). Su invocación es consciente y es fácil de describir con palabras. Es más compleja que la memoria implícita y se da en animales superiores.



H.M.

El conocimiento de la memoria explícita se debe en buena medida al caso del paciente H.M. (Henry Gustav Molaison cuyo auténtico nombre solo fue conocido tras su muerte en 2009) del que se dice que es el paciente mejor estudiado de la historia. Brenda Milner lo trató durante años y su estudio ha sentado las bases para comprender los mecanismos de la memoria explícita.

H.M sufrió una caída mientras montaba en bicicleta a causa de la cual empezó a tener frecuentes ataques epilépticos que llegaron a un punto en el que no le permitían llevar una vida normal. Los médicos decidieron operarle y extirpar la zona del cerebro que le producían los ataques. La operación fue un éxito en lo relativo a la epilepsia, pero fatal en lo relativo a su memoria. La zona extirpada era el hipocampo y los resultados fueron:
  • Mantenía un buen recuerdo del pasado anterior a la operación.
  • Mantenía una buena memoria implícita. Es decir, aprendía nuevas destrezas.
  • Fue incapaz de generar nuevos recuerdos. Durante años visitó a Brenda Milner y cada día la saluda como si fuera la primera vez que se veían.



Estructura de la memoria explícita

El estudio del caso H.M. ofreció una idea clara de la estructura de la memoria explícita. En ella intervienen tres áreas:

  • La corteza prefrontal. En ella reside la memoria de trabajo (working memory). Es donde manipulamos la información que proviene de los sentidos y de la memoria a largo plazo. Tiene que ver con la conciencia, se actualiza constantemente y admite pocos elementos simultáneos.
  • El hipocampo (la zona extirpada en H.M.). Permite el paso de la memoria a corto plazo a memoria a largo plazo.
  • Las áreas sensitivas y de asociación de la corteza. En ellas se almacenan los recuerdos a largo plazo.
Por lo tanto, no existe un almacén único de la memoria en el cerebro. Está distribuida por el córtex. Las mismas áreas que se emplean para percibir un objeto se usan para recordarlo. Para cada cosa que recordamos hay múltiples representaciones, una por cada modalidad sensorial. De una manzana recordamos (y almacenamos en un área distinta) el olor, el color, la forma, la textura, el sonido que hace al morderla, las situaciones que hemos vivido con manzanas... y finalmente la palabra manzana. Cada una de ellas es capaz de evocar al resto y traer el concepto manzana a la memoria de trabajo para permitirnos ser conscientes de la manzana. Si modificamos algunos de los aspectos o añadimos algún otro, el hipocampo ordena a las áreas involucradas su modificación.

En la memoria hay 4 procesos:

  • Codificación (vivir nuevas experiencias, prestarles atención y relacionarlas con otras experiencias)
  • Consolidación (paso de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo)
  • Almacenamiento (mantenimiento de la información almacenada)
  • Recuperación (recuerdo de la información almacenada).

La memoria tiene fases. En un principio la información es lábil y es fácil que se pierda. Con el tiempo y el uso se va consolidando. Esto se manifiesta en el caso de la amnesia retrógrada en la que un golpe hace que perdamos memoria hacia atrás desde el momento del golpe y que la recuperemos al revés. Pero por otra parte, los recuerdos más antiguos se van olvidando.


Potenciación a largo plazo LTP

¿Existe algún correlato biológico entre los mecanismos moleculares de la memoria implícita y la memoria explícita? Desde luego la memoria explícita en mamíferos es mucho más compleja que la implícita estudiada en invertebrados. La potenciación a largo plazo viene a responder parcialmente a la búsqueda de los mecanismos biológicos de la memoria explícita.

Sabemos que en la memoria explícita interviene el hipocampo. En 1973 Terje Lømo y Tim Bliss descubrieron que una ráfaga de impulsos en algunas de las células del hipocampo provocaba un reforzamiento de las conexiones sinápticas que duraba desde varias horas hasta más de un día. Llamaron a este fenómeno potenciación a largo plazo y es similar a la facilitación sináptica en la memoria implícita. Posteriores estudios demostraron que tiene una fase precoz (memoria a corto plazo) y una fase tardía (memoria a largo plazo). Al igual que en la memoria implícita, la frase precoz no necesita la síntesis de nuevas proteínas y como en la memoria implícita, la fase tardía implica a los genes y la síntesis de nuevas proteínas.

Parece pues que aunque la memoria implícita y la explícita involucran distintos circuitos neurales, comparten semejantes mecanismos moleculares. La memoria a corto plazo modifica proteínas existentes y la memoria a largo plazo recluta a los genes para generar nuevas proteínas y producir cambios persistentes en la estructura neural.

16 dic 2012

El Gobierno del PP convierte la Justicia en un mercado

Comunicado de ATTAC España

Hasta ahora los problemas de la Justicia no han interesado a la mayoría de los ciudadanos, quizá porque muchos no han sido usuarios de la justicia y creen que nunca van a serlo. Sin embargo en una sociedad compleja y conflictiva como la nuestra cualquiera de nosotros podría tener que recurrir a ella. Una Justicia independiente y eficaz es la mayor garantía que tenemos para la defensa de nuestros derechos y también frente a la arbitrariedad del poder.

Esta falta de implicación ciudadana es lo que está permitiendo al Ministro Alberto Ruiz-Gallardón y al gobierno del PP convertir la Justicia en un mercado, un negocio más que transferir al ámbito de lo privado, sin protestas visibles a excepción de las procedentes de operadores jurídicos.

Bajo las engañosas excusas habituales del liberalismo neocons (eficacia, necesidad de desatascar los juzgados) estamos asistiendo al desmantelamiento del servicio público que es la Administración de Justicia, hasta ahora universal y gratuito para los ciudadanos.

El ataque más brutal al derecho de los ciudadanos de acceder a los tribunales se ha producido con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se instaura un régimen generalizado de tasas por el acceso a los tribunales de los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, del cual sólo se exceptúa a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita. Con la matización de que el Gobierno también se propone reformar la ley reguladora de la justicia gratuita y restringir su ámbito: el anteproyecto suprime el derecho a la justicia gratuita en el orden social de todos los trabajadores con independencia de sus ingresos, sustituye el módulo del salario mínimo interprofesional por el IPREM y obliga a pagar el 20% de las tasas judiciales en los recursos, entre otras cosas. A ello se unen los cada vez más restrictivos criterios de concesión que día a día observamos en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. O sea, cada vez menos ciudadanos se benefician de este derecho.

Con la excusa de que la Justicia está saturada (dejaría de estarlo si tuviéramos un número de jueces por cien mil habitantes equiparable a la media de la Unión Europea) y de que hay que disuadir a los ciudadanos de utilizarla, se estructura un sistema que crea una justicia dicotómica, una justicia para ricos que pueden pagarla y una justicia para ciudadanos carentes de recursos. Y con la cuantía desproporcionada de las tasas, los ciudadanos carentes de recursos van a ser también los de las clases medias.

Pero no es el único ataque. A lo largo de este año 2012 no han cesado las propuestas mercantilizadoras de la Justicia. Si en febrero el Ministro anunciaba la asignación de los divorcios de mutuo acuerdo a los notarios, en junio asistimos al lanzamiento del llamado “Plan Intensivo de Tramitación” de expedientes de nacionalidad por residencia, por el cual el Ministerio de Justicia firmó un convenio de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para que sean los registradores quienes se encarguen de la tramitación de dichos expedientes.

Esto resultó ser sólo un avance de lo que el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, que unifica los Registros Civil, Mercantil, de la Propiedad, de Bienes Muebles, de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, de Fundaciones de ámbito estatal y el Registro de Actos de Última Voluntad, prevé de modo generalizado, esto es, que la llevanza de todos ellos la tengan los registradores de la propiedad y mercantiles, bajo parámetros de rendimiento económico (sufragarán los costes de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de aranceles por la realización de trámites que ahora realizan los jueces del Registro Civil y son gratuitos para los ciudadanos) y desde una perspectiva patrimonial (con la Ley Hipotecaria como legislación supletoria).

El Anteproyecto significa la desaparición de los Registros Civiles tal y como los conocemos: llevados por un juez, con todas las garantías, y de modo gratuito para el ciudadano. El Registro en adelante será un negocio que se repartirá entre registradores de la propiedad y mercantiles y notarios.

Por ejemplo, serán los notarios los que celebren los matrimonios, así que quien quiera casarse deberá pagar a un notario la tramitación del expediente y el otorgamiento de la escritura pública de matrimonio; y luego tendrá que volver a pagar a los registradores sus aranceles para poder inscribir el matrimonio en el Registro. Igualmente, en los expedientes de nacionalidad por residencia el juramento o promesa de fidelidad a la Constitución y renuncia a la nacionalidad anterior ahora se tendrán que hacer ante notario. Todo este tipo de trámites, que además en su mayoría son obligatorios para los ciudadanos (inscripciones de nacimiento, de defunción, tutelas, etc.) hasta ahora se realizaban por los juzgados con funciones de Registro Civil de forma gratuita. Con la agravante de que el Anteproyecto amplía los actos inscribibles en el Registro como los relativos al domicilio (con importantes consecuencias a efectos de notificaciones) o las representaciones y apoderamientos de personas físicas, entre otros.

Y si surge una discrepancia, los recursos en vez de tramitarse inicialmente ante la Dirección General de Registros y del Notariado (vía administrativa gratuita), pasarán a sustanciarse en vía judicial, esto es, con sujeción al sistema de tasas.

Se habla además de otros proyectos que suponen la privatización de servicios como las notificaciones, ejecuciones de sentencia, o embargos.

En síntesis, ATTAC ESPAÑA DENUNCIA LA MERCANTILIZACIÓN DE LA JUSTICIA, Y EXIGE:

1. La supresión de las tasas instauradas por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, probablemente inconstitucional por la cuantía de sus tasas que impide u obstaculiza gravemente a la mayoría de los ciudadanos el acceso a los tribunales de justicia garantizado como derecho fundamental por el artículo 24 de la Constitución.

2. La gratuidad de la Administración de Justicia, salvo para las grandes empresas que son las que provocan el 60% de la actividad judicial civil.

3. La llevanza de los Registros Civil, Mercantil, de la Propiedad, de Bienes Muebles, de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, de Fundaciones de ámbito estatal y el Registro de Actos de Última Voluntad por funcionarios públicos, sometidos al mismo régimen jurídico que los restantes funcionarios de la Administración.

4. La gratuidad de todas las actuaciones del Registro Civil.

5. Que se mantenga el módulo del doble del salario mínimo interprofesional para el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita y que no se modifique el ámbito personal de aplicación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, los requisitos para el reconocimiento del derecho y su contenido material, de manera que no se restrinja la extensión actual del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Ilustración del artículo cortesía de Time_will_tell’s. Utilizada bajo licencia Creative Commons

attac.es

Vídeo corto: Cómo nos estafan las eléctricas con el déficit de tarifa


Eléctricas y ex-presidentes… de bien nacido es ser agradecido.

Desde Odio las Mates nos obsequian con un vídeo explicativo para “tontos” en el que, en sólo 3 minutos y medio, conoceremos el mecanismo a través del cual las compañías eléctricas -sería más apropiado decir “quienes controlan las eléctricas y los bancos”- nos estafan a los consumidores con la mierda esa del déficit de tarifa que nos encasquetan en los recibos de la luz. ¿Por qué pensáis que Aznar y Felipe González tienen unos empleos tan bien remunerados en Endesa y Gas Natural Fenosa, respectivamente?.


15 dic 2012

Construyendo el Frente Cívico; Anguita: Somos Mayoría (y VII)

http://colectivoprometeo.blogspot.com.es/2012/12/articulo-de-julio-somos-mayoria-y-vii.html

La causas reales de las políticas de austeridad

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 13 de diciembre de 2012

Este artículo identifica las causas que originaron la crisis económica y financiera actual a los dos lados del Atlántico, causas enraizadas en las políticas que llevaron a cabo los Estados que estimularon una enorme concentración de las rentas, creando un enorme problema de demanda de bienes y servicios por una parte y un capitalismo basado en la especulación por la otra. El artículo señala que, consecuencia de ello, las élites financieras y económicas han aumentado sus beneficios a costa del bienestar de la mayoría de las poblaciones, ejemplo claro en el caso de España. Las políticas de austeridad tienen como objetivo beneficiar los intereses del capital financiero, privatizar las transferencias públicas y los servicios públicos del Estado del Bienestar a fin de facilitar la intervención de capital financiero en estos sectores y debilitar la protección social y con ello la clase trabajadora y las clases medias.

A la patronal se le ve el plumero


Juan Torres – Consejo Científico de ATTAC España

La detención del anterior presidente de la patronal española, acusado ahora de blanqueo de dinero, alzamiento de bienes e insolvencia punible y tras una larga serie de escándalos empresariales protagonizados incluso bajo su mandato, es un buen motivo para reflexionar sobre el papel que los empresarios y sus dirigentes patronales desempeñan en nuestra sociedad.

En cualquiera que sea el sistema económico con el que uno se identifique (capitalismo, socialismo, comunismo…) la empresa tiene una función esencial. Entendida como la organización que se dedica a la producción de bienes y servicios no tiene sustituto posible en la inmensa mayor parte de los casos que conocemos, bien sea poniéndolos a disposición del mercado, del estado, de la colectividad por cualquier otro medio, o de alguna autoridad central. Es verdad que no es la única forma de obtenerlos pero sí que resulta prácticamente insustituible a poco que los procesos de producción se hagan algo complejos.

Sin embargo, la ignorancia y el papanatismo ideológico que tanto abundan han generado una confusión muy habitual que ha hecho que la empresa, y por ende la figura del empresario (o empresaria, porque creo que cuando se habla de empresas es cada vez más necesario subrayar el papel de las mujeres) sea muy mal comprendida y mucho peor apreciada. Tantos los izquierdistas de salón como los defensores fundamentalistas del capitalismo suelen identificar erróneamente a los empresarios con los capitalistas y más concretamente con el tipo de capitalismo que impera en cada época o en cada economía. Un error manifiesto porque es obvio que puede haber empresas en donde la propiedad no sea la privada o incluso empresas puramente capitalistas en donde los valores o la forma de gestión de los recursos predominantes no esté guiada exclusivamente por la avaricia o el afán de lucro. Una confusión aciaga y que tiene mucha más trascendencia de la que pudiera parecer cuando la difunden personas de gran influencia pública.

Para crear riqueza y empleo y para proporcionar ingresos y satisfacción a los seres humanos son imprescindibles las empresas y puede ocurrir que nada de eso se consiga en la medida necesaria si unos las rechazan porque ven en ellas a su enemigo capitalista y si, al mismo tiempo, otros entienden que lo único que hay que hacer para fomentarlas es fortalecer el capitalismo y, en particular, un tipo de empresa capitalista (jerárquica, social y ambientalmente irresponsable, empobrecedora, o ineficiente por muy rentable que sea) con el que es muy difícil que la inmensa mayoría de la sociedad se sienta identificada.

Lo primero le pasa a muchos sindicalistas y líderes políticos de izquierdas, que no se dan cuenta de que entre los empresarios (por ejemplo los que ahora están realmente al borde del abismo por culpa de los bancos y de las grandes empresas) pueden tener a muchos aliados, o que si se dedicaran a promover la creación de empresas de otro tipo (cooperativas, sociedades laborales, autogestionadas, etc.) avanzarían mucho más aceleradamente hacia la sociedad alternativa a la que aspiran.

Lo segundo es lo que creo que le viene pasando a la patronal española en los últimos años. Ha estado y está dominada por personas cuya trayectoria no ha sido precisamente la que podría servir a la sociedad como referencia de la excelencia, el riesgo y el buen hacer productivo de un empresario ejemplar. Y no me refiero solo a sus presidentes sino a los más de 35.000 liberados (por cierto, casi 8,5 veces más de los que tienen los sindicatos) que mantienen las diferentes organizaciones patronales.

El caso de Gerardo Díaz Ferrán es una muestra paradigmática de ello. Es decir, de que la patronal española refleja a un tipo carpetovetónico de empresario que tiene muy poco que ver con el que de verdad crea riqueza y con el que sería necesario promover para lograr que en nuestro país nos liberásemos alguna vez de la mentalidad dependiente y del terrible “¡que inventen ellos!”.

Ferrán y tantos otros empresarios instalados en la cúpula del poder empresarial, son en realidad buscadores de rentas que defienden el mercado cuando hablan ante los micrófonos pero que solo saben ganar dinero aliándose con la clase política más corrupta y que solo compiten a la hora de dar comisiones. Son los que piden austeridad a los demás pero que inflan las cuentas del Estado cuando se quedan con contratos públicos gracias a los políticos a los que han comprado. Son los que dicen que los servicios públicos son insostenibles mientras se llevan a espuertas el dinero que han ganado a costa de su militancia política a paraísos fiscales para no pagar impuestos.

Los líderes de la patronal que no tienen en la boca propuestas distintas a reducir salarios, como Díaz Ferrán, son en realidad enterradores de empresas y no verdaderos líderes empresariales. Con tal de sacarle las castañas del fuego a las grandes compañías de quienes reciben votos, favores y dinero a mansalva, vienen defendiendo políticas económicas que han arruinado a miles de pequeños y medianos empresarios que son los que realmente crean empleo porque la desigualdad a la que dan lugar arruina sus mercados y destruye sus clientelas.

¿Cuándo hemos oído a un dirigente empresarial español reclamar a sus colegas que hay que investigar más, que hay que ser creativos y producir con calidad, que la asunción del riesgo y la innovación es lo que distingue a una buena empresa y no el número de pelotazos conseguido o el número de despidos, y que no basta con bajar sueldos para ser competitivos?

Los dirigentes de la patronal española están continuamente diciendo que tiene que haber más empresarios y critican que los jóvenes no quieran serlo.

Yo estoy completamente de acuerdo con esa demanda aunque entiendo perfectamente por qué no hay más empresarios y empresarias en España. De hecho, lo hablo a menudo con los jóvenes a quienes enseño en la universidad o con los que trato en otros lugares.

A mi juicio hay dos grandes problemas que lo impiden. El primero es que no hay capital suficiente. Los dirigentes de la patronal olvidan a menudo que para que haya empresarios no basta con que existan herederos. Es imprescindible que haya dinero, aunque no sea lo único que hace triunfar un proyecto empresarial, y eso no es lo que se consigue precisamente con las políticas que defienden. Pero también otro tipo de capital muy importante: social, cultural, relacional, también buena educación, formación adecuada, ingenio en el ambiente social. Y resulta que la política que viene defendiendo la patronal española destruye este capital. Se dedica solo a privilegiar el que ya dispone una ínfima parte de la población o a financiar medios de comunicación y centros de estudio como negocio que adocenan, desmotivan y maleducan. Y, como en estos últimos años, a proporcionar dinero fácil a base de especular y de estafarse unos a otros.

El segundo problema es también determinante. Mientras que los líderes de la patronal se presenten a la sociedad como cancerberos de la derecha, como escuderos de los proyectos políticos más reaccionarios y conservadores, o mientras sean simples delincuentes, como en el caso de Ferrán, mientras a los líderes de la patronal se les vea tanto el plumero político ¿cómo vamos a pedir que haya más empresarios entre todo tipo de jóvenes o entre personas honestas de todas las tendencias?

Artículo publicado en Público.es
Ganas de escribir

Ilustración del artículo cortesía de El Roto

11 dic 2012

Declaración Política de las jornadas del Puente Constituyente

Las personas participantes en las jornadas del Puente Constituyente, tras valorar la grave situación que atravesamos y tras un debate colectivo sobre los bloqueos que contiene el actual sistema legal y constitucional, hacemos un llamamiento a toda la sociedad a iniciar un proceso constituyente. Nos dirigimos a todas las organizaciones y movimientos sociales, mareas, asambleas populares y demás colectivos, a todas y todos los que luchamos por la defensa de nuestros derechos.

El sistema político actual está agotado, totalmente deslegitimado. No fue resultado de un proceso constituyente democrático; no permite la participación ciudadana; está blindado, impidiendo cualquier cambio por la vía de la iniciativa popular; no garantiza el cumplimiento de los derechos que reconoce; está hecho para garantizar los intereses y el poder de una pequeña minoría. Ni nos incluye ni nos representa. Debemos cambiarlo iniciando un proceso constituyente.

Éste proceso constituyente es creación de poder popular, que ha de desplazar al poder del sistema que nos gobierna con su entramado legal. El poder popular, capaz de cambiar el sistema y el entramado legal/constitucional que lo sustenta, es el poder constituyente democrático que necesitamos. Queremos que cambie quién decide; ahora decide la oligarquía, exigimos que decida el pueblo.

No es suficiente el respaldo a una opción que propugne un cambio constitucional. Es necesaria nuestra implicación, como personas que formamos parte de la sociedad y por tanto participamos de este proceso de empoderamiento, para hacernos dueñas y responsables de todo aquello que nos afecta, definiendo tanto nuestro presente como nuestro futuro, como auténticos ciudadanos.

Podremos decidir como poder constituyente cuando la mayoría de la sociedad, participando como tal en el proceso constituyente, aseguremos su carácter democrático. De ésta forma garantizaremos que el proceso esté libre tanto de imposiciones por la fuerza como de discriminaciones.

Cuando la mayoría social tengamos el poder de decisión podremos fijar el marco legal y constitucional que garantice el principio de solidaridad universal y todos los derechos fundamentales históricamente reconocidos, más aquellos, tales como la sostenibilidad medioambiental, que no lo han sido.

Esta mayoría social es plural, diversa y con múltiples identidades. La progresiva inclusión de éstas como participantes en el proceso constituyente exige dotar a éste de un marco organizativo en el que su aportación sea reconocida, sin verse obligadas a diluirse en una masa homogénea.

Las leyes vigentes reflejan la exclusión, la explotación, la corrupción y falta de transparencia, y la confusión entre lo privado y lo público-común, todas características del sistema. La principal garantía de no retorno, más que en las leyes, está en la transformación del sistema de forma que la organización social y económica respondan a las necesidades de las personas y a la sostenibilidad del medio ambiente.

Nuestro método es democrático y asambleario. Definiremos en el camino todos los detalles del proceso constituyente y sus hitos políticos. Para la consecución de nuestros objetivos nuestra acción será no violenta.

Proponemos confluir en un camino que integre todos estos enunciados, de forma que nos postulemos como poder constituyente, decidiendo y creando nuestro futuro mediante un proceso constituyente.

Rivas Vaciamadrid, domingo 9 de diciembre de 2012


coordinadora25s.wordpress.com

10 dic 2012

La LOMCE no quiere formarte, quiere expulsarte. El 13D sube la Marea Verde

 Finalmente, el Ministro Wert ha presentado su “magna obra”: la LOMCE. A pesar de los asuntos clave de tal documento, de nuevo, el debate propuesto a la opinión pública se ha centrado en las cuestiones “tradicionales”: castellano versus catalán y la religión en las aulas. Y sin embargo, la LOMCE, al igual que otras leyes de esta legislatura, no se puede entender únicamente como un proyecto de un gobierno de derechas en clave reaccionaria; antes bien, esta ley pretende la aplicación de un nuevo modelo de formación ajustado a un contexto de crisis y que tiene una continuidad más o menos directa con el modelo educativo que nace en la transición y que se va apuntalando progresivamente hasta hoy sin una discusión seria y profunda sobre sus consecuencias.


Dicho de otro modo, quiere utilizar la escuela como un aparato de exclusión social y segregación urbana. Estas son algunas conclusiones que sacamos de su lectura:



1º Principio de competitividad permanente y una educación para el paro.

De lo que se trata es evitar por todos los medios el actual escenario (jóvenes con niveles muy altos de formación a los que el mercado no tiene absolutamente nada que ofrecerles) por la vía de expulsar a esos jóvenes de la formación y así explicar por qué el mercado no tiene nada que ofrecerles. Un empobrecimiento colectivo en forma de expolio para hacer pasar por “normal”, lo que no es más que un mecanismo de acumulación y reorganización social. Pura violencia.

¿Cómo se va a aplicar este proyecto?

2º A través de un modelo dual y segregador dirigido a formar élites de excelencia y masas de jóvenes precarios o, directamente, en régimen de exclusión.

Se establece la elección temprana de itinerarios en 3º de ESO “orientando” al alumnado en función de sus resultados a formación profesional o hacia Bachillerato siendo realmente complicado en función de los itinerarios y exámenes “puente” previstos salirse del camino que marca la segregación por “talento”.

El alumnado repetidor o con más dificultades se verá encauzado hacia estudios de formación profesional sin titulación (actual Programa de Cualificación Profesional Inicial ) para evitar su influencia negativa sobre el alumnado con buenos resultados. En esta línea, los centros educativos de “excelencia” puestos en marcha en la Comunidad de Madrid o los programas de bilingüismo son utilizados como clara línea de segregación por arriba.

Asimismo, se establecen nuevos exámenes de reválida al final de cada ciclo educativo gestionados por la comunidad autónoma, pero diseñados por el Ministerio: serán 3 exámenes externos (realizados por personal externo al centro educativo) en 6º de primaria, 4º de ESO (Artículo 31) y 2º de bachillerato (Artículos 36 y 37). Para la ESO y el Bachiller estos exámenes servirán para poder obtener la titulación oficial, independientemente de que se hayan aprobado los cursos. Tener el título de bachillerato posibilita acceder a la universidad o a ciclos formativos de grado superior. Por último, las universidades tienen la posibilidad de establecer nuevos exámenes de acceso a las carreras universitarias que lo consideren oportuno.

Desaparece la evaluación continua tal y como era entendida hasta ahora ya que pese a a haber superado los cursos el alumnado estará obligado a examinarse de todo el ciclo para obtener la titulación a través de un sistema centralizado de control. A estos mecanismo de control en forma de reválida se añaden otras pruebas de “diagnóstico” que se establecen en otros años del ciclo escolar permitiendo tener una monitorización casi permanente de la evolución del alumnado y sus centros.

Mediante este sistema de “seguimiento” se implanta un ranking oficial de centros en función de los resultados obtenidos en las sucesivas pruebas. Ese ranking determina el ratio por aula, el prestigio (y recursos) y rompe el principio de universalidad estableciendo la competencia directa entre los centros. ¿Qué se consigue con esto? Jerarquía territorial según niveles de renta y recursos, segregación espacial y social entre barrios ricos y barrios desheredados.

Pero… ¿Cómo controlar los centros?


3º Autoridad y centralización del poder.

La comunidad educativa no puede ser democrática“. Para el ministro, y así lo recoge el nuevo borrador, la participación democrática es parte del problema y no de la solución. El principio de autoridad que tanto reclamaba Esperanza Aguirre como base para el éxito se encarna en la figura del director y en la pérdida de poder efectivo de los Consejos Escolares.

Un aspecto fundamental del cambio de la ley es el nuevo modelo de elección de los directores/as de los centros y las nuevas competencias que tendrán. Hasta ahora el Consejo Escolar de cada centro decidía sobre esta cuestión entre otras. Según el borrador que estamos analizando las “Administraciones educativas” regionales se reservan más del 50% del poder de decisión quitándoselo a la comunidad educativa de referencia. Esto supone de facto tener la capacidad de elegir al director/a y de esta forma, la propia administración de los centros está mucho más controlada y centralizada. El poder de las direcciones de los centros crece y, por tanto, se acrecienta una lógica disciplinaria que fortalece las jerarquías y el control.

Como podemos leer en el propio texto: “La selección (de los directores) será realizada por una Comisión constituida por un lado por representantes de las Administraciones educativas, y por otro, en una proporción mayor del treinta y menor del cincuenta por ciento, por representantes del centro correspondiente.”

Asimismo se favorece la movilidad del propio profesorado y la posibilidad de que las direcciones elijan su propio personal, con lo que no solo se favorece la competencia interna entre el profesorado (en vez de mejorar la formación en términos universales) sino que la ordenación territorial del profesorado también se jerarquiza.

A esto se le ha llamado “facilitar la autonomía de los centros” pero es una falacia importante si tenemos en cuenta que dicha autonomía es subsidiaria del control centralizado a través de la revalida y del control que tienen las direcciones de los centros.

Eliminando la participación de las comunidades educativas se favorece la dinámica de segregación y reordenación con la correspondiente asignación de prestigio, recursos y lo que supone para los propios alumnos y alumnas como alumnado que van a centros “que valen” y alumnado que van a centros “que no valen” (algo que ya sucede con las clases de refuerzo, etc).


4º Equiparación entre educación privada y concertada con educación pública.

El borrador establece que, como principio político, la enseñanza privada o concertada deja de ser subsidiaria de la pública ¿Qué quiere decir esto?

La administración puede cubrir las nuevas necesidades de oferta de enseñanzas a través de centros públicos o privados indistintamente. Con la redacción de la ley actual es obligatorio que las nuevas necesidades se cubran a través de la construcción o ampliación de centros públicos. Según el borrador directamente se obliga a la administración pública a concertar los centros privados a demanda de éstos independientemente de que haya oferta suficiente de plazas en centros públicos. El único criterio es que estos centros tengan alumnado suficiente independientemente se si está segregado por sexo o se favorece, cuando no impone, la práctica de una religión. Esto se traduce en una clara competencia por el alumnado y para dinamizarla se utilizarán los ranking extraídos de los resultados de los exámenes y la capacidad que tengan los centros para ofrecer servicios complementarios: bilingüismo, comedor,… El clásico MÁS por MENOS (derechos, calidad, salarios,…).


5.- El 13D sube la Marea Verde. Repensemos el modelo educativo

El próximo 13 de Diciembre se ha convocado una movilización estatal de toda la comunidad educativa. Creemos que una rearticulación de la Marea Verde en el contexto de la LOMCE, vinculadas a las políticas de recortes en la justicia, la sanidad, etc. es absolutamente esencial.

También lo es romper de forma definitiva con las narrativas y las políticas que vinculan la escuela al mercado y la propia idea del mercado como garante de la reproducción social y el empleo como mecanismo de acceso a los derechos. Digamos ya alto y claro que no hay ni va a haber empleo suficiente para garantizar en exclusiva los derechos colectivos. Lo que tenemos más que de sobra es riqueza. Riqueza socialmente producida que debe repartirse. Cualquier otra salida es una trampa y abono para niveles de exclusión cada vez mayores sostenidos por proyectos como éste del ministro Wert o los que anteriormente puso en marcha el gobierno de Zapatero.


10/12/2012

La vía láctea en 3D

Google lanzó el proyecto 100.000 Stars, un mapa tridimensional de 100.000 estrellas que forman parte de la Vía Láctea. El servicio incorpora datos de varias fuentes, incluyendo los de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, según la BBC.

Para saber con exactitud dónde se encuentra una u otra estrella y leer toda la información sobre ella, bastará con acercar la imagen interactiva y situar el cursor sobre la estrella seleccionada. Para empezar, se ofrece una presentación: una imagen en movimiento con notas informativas acompañadas con una banda sonora.

Se calcula que la Vía Láctea contiene como mínimo cerca de 200.000 millones de estrellas (incluyendo el Sol). Las 100.000 estrellas, tal como se desprende del mismo nombre del proyecto, son sólo las más cercanas al Sistema Solar.

El proyecto ha sido desarrollado con el fin de mostrar las posibilidades de Chrome, aunque se podrá bajar la información sobre las 100.000 estrellas también en otro navegador, siempre y cuando se base en CSS3D, Web Audio API y la librería WebGL, la cual permite mostrar gráficos en 3D sin necesidad de instalar 'plugins' adicionales.



http://workshop.chromeexperiments.com/stars/