19 jul. 2012

¿Qué hacemos con Bankia? Una propuesta de reapropiación democrática.


 1. Bankia debe convertirse en una entidad de utilidad social. Esto es, la conversión de un proyecto ruinoso de socialización de pérdidas en una herramienta democrática que intervenga paliando los efectos  de la crisis. De momento, habría que parar todos los mecanismos del rescate europeo a través del FROB pero sin que eso signifique “dejar caer” a  Bankia provocando una simple desvalorización de activos, sin ningún procedimiento de control, que sólo redundaría en una privatización a  precio de saldo de la entidad. Se debe utilizar dinero público para reestructurar Bankia pero siempre determinando la cantidad invertida por criterios de utilidad social y no para mantener artificialmente hinchada su valoración de mercado. Este procedimiento convertiría en innecesaria la cifra del rescate europeo a Bankia, liberando a la economía española de la carga del pago de los intereses y, sobre todo, liberándola de las contrapartidas férreas en términos de privatizaciones y recortes a las que obliga el mecanismo de rescate.
2. Bankia debe dejar de cotizar en bolsa. En primer lugar, a efectos prácticos, porque las pérdidas no pueden seguir creciendo mientras se produce un examen de la situación económica de Bankia y una reconversión de la entidad en una capacidad de utilidad social. En segundo lugar, la salida de bolsa permitiría cuestionar el proceso de conversión en bancos de las cajas, un proceso de privatización de activos públicos que, aunque hayan estado sometidos a todo tipo de malas prácticas durante la burbuja inmobiliaria, no dejan de ser patrimonio colectivo del que, como tantos otros casos, se esta disponiendo sin ningún tipo de consulta ciudadana y que, por su implantación territorial y social, tiene un alto potencial para convertirse en un instrumento financiero para la construcción de un orden socialmente más justo. En este sentido, la salida de Bankia de bolsa debería prolongarse durante un tiempo indefinido.
3. Durante esta pausa de cotización. Se deberán auditar las cuentas de Bankia. Este  criterio de auditoria no tendrá nada que  ver con una auditoria profesional para descubrir los valores de mercado de Bankia. La auditoría será parte de un proceso de impago controlado, en el que se determinará que obligaciones de Bankia forman parte de sus funciones sociales y cuales forman parte de los modelos dominantes de formación del beneficio financiero, ya sean especulativos o, directamente, piramidales.
El pago de estas últimas obligaciones sería rechazado como parte del proceso de reconversión de Bankia en entidad de utilidad social. Como parte de esta auditoria también se determinaran las indemnizaciones o canjes que recibirán los afectados por el delito de las participaciones preferentes, en un proceso en el que los afectados deberán ser parte del   proceso de toma de decisiones.
4. Como parte de la valorización social de los activos de Bankia, los activos inmobiliarios de Bankia, en concreto las viviendas, una de las principales causas de su quiebra técnica deben pasar a formar parte de un parque público de alquiler a precios sociales gestionado por la ciudadanía. Todos los desahucios en curso de Bankia deben paralizarse para que se les aplique este mismo método de conversión de activos financieros en bienes de uso. Es decir, determinación de un alquiler social en un arrendamiento de duración ilimitada.
Tanto los alquileres como las compensaciones a la entidad financiera se determinaran en relación con los ingresos de los usuarios y no de los valores de mercados de estos.
Estos bienes comunes serán inalienables, y no podrán volver a reintegrarse en el mercado libre de vivienda. Lo mismo sucedería con los suelos que, ahora mismo, formar parte de los activos “tóxicos” de la entidad, deberán ser puestos a disposición de entidades en las que se determinen sus usos bajo control democrático de la ciudadanía.
5. Para evitar que la entidad de utilidad social resultante de la reconversión de Bankia vuelva a verse  controlada por redes clientelares y por intereses particulares deberán  establecerse mecanismos permanentes de control democrático sobre las operaciones tanto financieras como inmobiliarias. Estos mecanismos deberán  incluir, por lo menos, a accionistas, mutualistas, depositantes e inquilinos y estar abiertas a la participación y control de la ciudanía en general a través de los medios suficientes. Las decisiones de estos órganos deberán ser vinculantes.
 18/07/2012
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